Garete ético y Ministro de Aguacates… PAC… PAC… PAC…,  convierten en plañidera el canal 15 canalla de la Universidad de Costa Rica, limpiabotas del Frente Amplio.

Por Juan Diego Castro Fernández

El miércoles 10 de mayo del 2023, a las veintiuna horas, el Canal Quince-UCR divulgó el segundo episodio de tres anunciados – sesgado, insolente y de profundo contenido politiquero a favor del Frente Amplio y del PAC – titulados “La prensa a juicio”.

En esta ocasión, los “expertos” invitados para el programa, fueron además del ministro de los aguacates Mauricio Herrera, la abogada y periodista Gisele Boza, conocida por su función subjetiva en el PROLEDI-UCR, desde donde apoyó al condenado tras la sentencia.  El otro invitado fue el exmagistrado y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia José Manuel Arroyo, pensionado de lujo, exmagistrado del Poder Judicial y ex garante “ético” del Gobierno de Carlos Alvarado.

Avanzado el programa, el ministros aguacatero, Mauricio Herrera le pregunta a Gisele Boza Solano:  ¿Por qué alguien podría tener el derecho de hablar mal de otras personas o realizar comentarios que podría ser interpretados como ofensivos, chocantes o perturbadores?  Ocultó Herrera, que en mi caso no se podrían interpretar, sino que fueron más allá de lo ofensivo, con acusaciones de “traficante de armas” y “que casi hace un golpe de Estado”, siendo esto dos falsas afirmaciones extremadamente graves.

La primera hace referencia a violentar el artículo tercero de nuestra Carta Magna, que estipula que “Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la Patria”, crimen que el Código Penal sanciona hasta con veinticinco años de prisión acciones consecuentes de un intento de golpe de Estado como lo son: traición, conspiración para traición, rebelión, motín, conspiración, etc.  Penas que  en mi caso se hubiesen agravado en un tercio de las penas según lo establecido por el artículo trescientos diez del código represivo,  al ser la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad en ese entonces. De igual forma, el tráfico de armas supone un delito contra la seguridad nacional e internacional, por lo que no se puede considerar una interpretación lo dicho en el pasquín del Frente Amplio, divulgado por Marlon Mora, en ese canal universitario, pagado con fondos públicos de los contribuyentes.

En respuesta a esa consulta, Boza expresó cínicamente que “que en una sociedad democrática se requiere de un pluralismo de ideas, y que para que exista ese pluralismo de ideas requerimos ser tolerantes, y esa tolerancia es más exigida con relación a las personas que ocupan puestos públicos o quienes quieren ocupar puestos públicos”, descartando por completo que lo dicho en el difamador programa Suave un Toque, no representó un pluralismo de ideas, sino una cantidad de insultos sin fundamento que misteriosamente el condenado no pudo revisar a diferencia de los anteriores programas como constató la sentencia y así permitir, genuflexión incluida, que la difamación sirviera al Frente Amplio, en plena campaña electoral.

Hay que recalcar la sentencia No 14531 – 2019 de la Sala Constitucional, en donde se establece según la jurisprudencia de la propia CIDH, que a pesar de que un funcionario público o aspirante a un puesto de elección popular deba ser más tolerante a la crítica o comentarios que se puedan considerar ofensivos, no debe porqué aguantar el abuso de este derecho ante comentarios que ya sobrepasen el debate de las ideas y el respeto a la dignidad humana, como pretenden los parciales contertulios Boza y Herrera.

Posterior a esto, el pensionado de lujo Arroyo, declaró falsamente que la “sentencia no se sostenía, ya que a Marlon se le estaba condenando por un delito doloso, pero que se le achacaba no haber controlado lo que no estaba en sus manos”.  Una declaración inaceptable de quien fue  magistrado de la Sala Tercera, por tantos años, aunque nunca pudo acceder a la presidencia de la Corte. Lo espetado por Arroyo, oculta la normativa nacional y universitaria, que prevé la responsabilidad de los directores sobre lo que se publique, más en este caso, donde el programa fue emitido en dos ocasiones.

Por otro lado, Arroyo “reniega”  de las declaraciones de Federico Blanco, testigo estrella del mismo condenado, quien declaró en el juicio que “hay dos o tres oportunidades en el programa en que se hace referencia a don Marlon, primero se hace una queja porque había pedido retirar un chiste sobre el difunto Luis Alberto Monge”. Confirmando así, que sí tenía total control sobre el programa y que era consciente del tipo de delitos que fueron cometidos, que en mi caso ignoró conscientemente.

Posteriormente, ocultó la normativa universitaria y en referencia a la Ley de Radios, Boza declaró que la misma propicia la censura previa, afirmación que se cae, ya que sólo establece que los que se publique en el medio también será responsabilidad del director, ya que el mismo debe ser garante del derecho humano honor de las personas. La Constitución Política es clara que cualquiera puede realizar comentarios o afirmaciones de lo que quiera, pero que deberá asumir las consecuencias de esto. Revisar y confirmar si la información está bien sustentada, que sea verdadera y que salvaguarde la dignidad de un ser humano no es censura previa, es un deber ético periodístico y jurídico de un director serio.

Arroyo declaró que en un momento hubo un “desistimiento expreso del querellante, y sin embargo un tribunal de alzada revirtió ese desistimiento y por eso fue que se dio el segundo juicio”, afirmación mendaz y politiquera, ya que nunca desistí del juicio, sino que ante un tribunal prevaricador, apelé la oscura sentencia de sobreseimiento, que  por ser aberrante y contraria al derecho, fue anulada por unanimidad, por el tribunal de apelación. Circunstancia que ocultó el mentado pensionado de lujo.

Al finalizar el programa, Boza declaró que es necesario que el ejercicio de la libertad de prensa y expresión no sea considerado por la ciudadanía como un privilegio… ¡Por favor!…  Pero, calla y oculta que lo mismo aplica para el derecho al honor, que es la defensa de la dignidad y la moral que toda persona a lo largo del territorio nacional tiene, y que su quebranto supone un daño a la vida personal y pública de quien se vea sometido ante la divulgación de difamaciones impropias de la dignidad humana.

Además de esto, mantiene el pensamiento erróneo de que los periodistas de los medios de comunicación de la UCR, deberían recibir apoyo por medio de un abogado pagado por la universidad. Los patronos no tienen obligación alguna, de pagar la defensa de los empleados que cometan delitos, máxime contra los derechos humanos (del suscrito),  En este caso, Boza pretende, contra el derecho,  que la UCR gaste los recursos públicos en semejante despropósito, contrario a los lineamientos de la Procuraduría General de la República, clamando, sin razón,  un trato diferenciado con el resto de los trabajadores de la universidad, violentando el principio de igualdad ante la ley y de legalidad.

Compartir nota:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email